La PAC y alimentación sostenible: dos caras de la misma moneda

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La Política Agraria Común en 1957 para asegurar la productividad agraria europea, pero por primera vez ha puesto en foco en la salud y la sostenibilidad de la agricultura

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La Política Agraria Común (PAC), nació en 1957, tras la II Guerra Mundial, para asegurar la provisión de alimentos a una Europa de posguerra, centrándose por tanto en aumentar la productividad agraria. A través de los avances químicos y tecnológicos, se alcanzó rápidamente el nivel de la autosuficiencia alimentaria buscado en muchos productos considerados estratégicos.

Tras alcanzar este hito, los alimentos se mercantilizaron a escala global, debido a la liberalización de las importaciones-exportaciones y a que en Europa teníamos “cubierta” la demanda de alimentos. Este fenómeno derivó en concentrar la producción en pocos alimentos, de especial interés comercial, nutricional y/o dietético, que se ha visto acuciado con la aplicación de técnicas de modificación genética, operando en contra de la complejidad y la diversidad de los ecosistemas.

Si bien reformas posteriores de la Política Agraria Común han ido incluyendo como objetivos algunas demandas de la ciudadanía respecto a la sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial de Europa, otras como la alimentación y la salud no se han considerado, ni tampoco se han modificado los objetivos de la PAC inicialmente contemplados en el Tratado de Roma

La Comisión Europea vincula la PAC a la salud y la sostenibilidad

En la propuesta de la Comisión Europea para la Política Agraria Común post-2020 aparece, por primera vez, un objetivo vinculado a la alimentación y salud: “Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los animales”. De acuerdo a la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

Una dieta sostenible es aquella que tiene un bajo impacto ambiental, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional y a una vida saludable para las generaciones presentes y futuras. Las dietas sostenibles protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles (justicia social); nutricionalmente adecuadas, seguras y saludables; optimizan los recursos naturales y humanos (bienestar animal).

De hecho, la Política Agraria Común debe ser uno de los instrumentos principales del Pacto Verde Europeo, presentado en diciembre de 2019. Y uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos es la alimentación sostenible, ya que se estima que en 2050 la población mundial llegará a casi 10.000 millones y se debe garantizar que todas las personas tengan acceso suficiente a alimentos seguros, asequibles y nutritivos.

Uniendo ambos conceptos, se presentaron en mayo de 2020 dos elementos esenciales del Pacto Verde Europeo: la Estrategia de Biodiversidad 2030 y la Estrategia “De la Granja a la Mesa”. Ambas, pero especialmente esta última, centran sus objetivos en nuestros sistemas alimentarios y la consecución de una alimentación integrada y sostenible para la Unión Europea, que sea ejemplo para el resto del planeta.

Con sus grises, son estrategias ambiciosas, en las que destaca la reducción de un 50% el uso y toxicidad de pesticidas sintéticos, la consecución del 25% de la superficie agraria en régimen de producción ecológica, la disminución en un 20% del uso de fertilizantes o la dedicación del 10% de la superficie agraria a infraestructura verde.

Con estos objetivos, la Política Agraria Común y los Planes Estratégicos de cada Estado Miembro se presentan como una oportunidad clave para responder a múltiples desafíos ambientales, de salud y económicos de nuestros sistemas agroalimentarios actuales.

Entidades españolas en busca de una Política Agraria Común más sostenible

Desde la Coalición Por Otra PAC, agrupación de más de 40 entidades españolas que buscan alcanzar una transición agroecológica que asegure sistemas agroalimentarios sostenibles, justos, responsables y sanos, reivindicamos la necesidad de colaborar a este objetivo, que enlaza alimentación, salud y sostenibilidad, con medidas concretas y un importe suficiente para financiar intervenciones específicas como:

  • El 70% del presupuesto de la PAC en los dos pilares destinado a la acción medioambiental y climática, con un marco de financiación pública que incentive y recompense a productores que prestan una gama de servicios ambientales, socioeconómicos y culturales, y medidas de apoyo complementarias (asesoramiento agrícola, inversiones en infraestructura….) para la transición agroecológica. Los pagos directos de la PAC no deben de estar vinculados a la propiedad de la tierra, para eliminar los incentivos perversos hacia la industrialización de la agricultura y la concentración de las explotaciones.

  • Apoyo a la agricultura ecológica, particularmente a las pequeñas explotaciones agroecológicas, e inclusión todas las normas ambientales europeas sin excepción en todo lo que ataña al sector agrario, en especial las Directivas Aves, Hábitats, Marco de Agua y de Uso Sostenible de Fitosanitarios.

  • Política de producción sostenible de proteína propia para la alimentación humana, como la legumbrista o, si es de origen animal, de ganadería extensiva. Incorporación el consumo responsable como objetivo de la PAC con medidas para apoyar el consumo progresivo de alimentos ecológicos, alimentos procedentes de ganadería extensiva, pesca sostenible, de montaña, de proximidad, temporada y de circuito corto.

  • Medidas específicas de apoyo a la pesca y acuicultura sostenible, y a las producciones alimentarias de montaña y de Red Natura 2000. Casi el 30% del territorio español está en Red Natura 2000 (y de ello, más de un 40% es agrario) y el 40% es zona de montaña (siendo España, con un 20%, el país que más Superficie Agraria Útil aporta a la UE).

  • Compra pública de alimentos con criterios ambientales y sociales. Esto ayudará a las ciudades, regiones y autoridades públicas a desempeñar su papel a la hora de comprar alimentos sostenibles para escuelas, hospitales e instituciones públicas y también impulsará sistemas agrícolas sostenibles.

  • Medidas para la reducción del desperdicio alimentario en toda la cadena de suministro, llevando a cabo una planificación previa de las cosechas y producciones e incentivando acciones que luchen contra este malgasto alimentario, con especial atención durante la etapa del consumo.

Estamos ante un periodo clave para la Unión Europea. La consecución de un sistema agroalimentario realmente sostenible reflejará si hemos sabido responder adecuadamente al desafío social, medioambiental y sanitario que viene de la granja a la mesa.

 

Por Montserrat Escutia (Asociación Vida Sana y Coalición Por Otra PAC), Paola Hernández (Asociación Mensa Cívica y Coalición Por Otra PAC) y Fernando Viñegla (Coalición Por Otra PAC).

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